Nulidad del IRPH por el Abuso Bancario; PRÉSTAMOS "A DEVOLVER SIN INTERESES"

 


 

         “El engañador es el engañado”

                             <<(…) y que el buen Sancho, pensando ser el engañador, es el engañado;

                               y no hay poner más duda en esta verdad que en las cosas que nunca vimos; 

                       y sepa el señor Sancho Panza que también tenemos acá encantadores que nos quieren bien,

                        y nos dicen lo que pasa por el mundo, pura y se[n]cillamente, sin enredos ni máquinas;

                            y créame Sancho que la villana brincadora era y es Dulcinea del Toboso, que está encantada como la madre que la parió;

                             y cuando menos nos pensemos, la habemos de ver en su propia figura, y entonces saldrá Sancho del engaño en que vive. (…)>>

 


 

LA CONSECUENCIA MÁS INTERESANTE DE CONSEGUIR LA NULIDAD DE LA CLAUSULA IRPH POR EL ENGAÑO DE LOS BANCOS A LOS HIPOTECADOS ES:


"QUE PODRÍAN TENER QUE DEVOLVER TODOS LOS INTERESES PAGADOS"



Tu préstamo podría ser con interés "0",

 "en tanto Consumidor y víctima del engaño de la Banca".

 

 

Después de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 3 de marzo de 2020 (asunto C-125/18), queda claro que la cláusula del IRPH puede anularse, así se desprende de los declaraciones finales 1), 2) y 3) de la sentencia cuando, a más de entender comprendida en el ámbito de aplicación de la directiva 93/13CEE la cláusula referida al tipo de interés de un préstamo hipotecario, aunque se trate de un índice oficial (al no ser un índice obligatorio sino alternativo entre otros como el Euribor), indica que los Tribunales están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que se refiera al objeto principal de contrato (como podría serlo el IRPH), debiendo valorarse si el consumidor pudo comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés (IRPH) y valorar así las consecuencias económicas, debiendo valorarse a este respecto: (i) que los elementos principales relativos al cálculo de este tipo resultasen fácilmente asequibles al consumidor,  y (ii) que le se hubiera suministrado información sobre la evolución en el pasado del IRPH (lo cual entendemos que en rara ocasión habrá tenido lugar por parte de los bancos).

 

Además, a partir de la indicada sentencia de 3 de marzo de 2020 (C-125/18) consideramos que es posible dejar al préstamo sin intereses, y esto es lo que parece desprenderse del apartado 4) de las declaraciones finales de la sentencia, y del punto n.º 67 de la mencionada sentencia cuando dice:

“67 Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en caso de declaración de nulidad de una cláusula contractual abusiva que fija un índice de referencia para el cálculo de los intereses variables de un préstamo, el juez nacional lo sustituya por un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad dejara al consumidor expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales.

En base a tal pronunciamiento del Tribunal de la Unión, la resolución que un Juez español habrá de valorar, caso por caso, teniendo en cuenta que:

 

(i)               En primer lugar, si las partes han llegado o no a un acuerdo para sustituir el índice de referencia aplicable, en cuyo caso podría aprobarse la transacción sin más.

 

(ii)             Y en segundo lugar, dado que es muy posible que ese acuerdo no tenga lugar en gran parte de los casos, tras ver si se pactó o no la existencia de un tipo de referencia sustitutivo como el Euribor, corresponderá al Juez decidir entre dos alternativas:

 

a.     Mantener el contrato, pero sin intereses. Y en este caso, previamente tendría que valorarse y decidirse sobre si el contrato puede subsistir sin intereses, y de ser así, declarando la nulidad de la cláusula IRPH por la abusividad bancaria, el banco debería devolver lo que cobró por intereses y lo que aún debiera devolverse del préstamo al banco lo sería igualmente sin pago alguno en concepto de intereses, es decir, recuperando el banco solamente el principal prestado.

Pues bien entendemos que esta posibilidad es perfectamente viable partiendo del propio concepto del préstamo que nos ofrece el Código Civil en su art. 1740 cuando indica que un préstamo puede ser gratuito. Y es que esto es precisamente lo que está ocurriendo con gran parte de los préstamos referenciados al Euribor (desde que está en negativo), donde no solo no hay intereses en favor de la banca, sino al contrario. Sin que, por otro lado, en nada afecte a la subsistencia de la garantía hipotecaria el hecho de la gratuidad del préstamo, ya que no se trataría de una disminución de la garantía sino en todo caso un exceso o mejora sobrevenida de la garantía hipotecaria (ya que lo que garantiza lo más garantiza lo menos), quedando garantizada en todo caso la devolución del préstamo no solo como hasta entonces, sino mejor, ya que la hipoteca ya no respondería de principal e intereses, sino solamente por el principal, pasando a ser mayor la garantía para la entidad bancaria.

 

b.     En el caso de que el préstamo no pudiera subsistir sin intereses, el Juez podría declarar: (i) la anulación total del préstamo o (ii) integrar la cláusula de intereses. Y en cualquiera de los dos casos entendemos que el Juez no puede tomar la decisión al margen del consumidor, pues el Juez debe valorar si el consumidor quedará expuesto a “consecuencias especialmente perjudiciales y esto es difícil hacerlo sin contar con el consumidor pues quien mejor puede saber si la anulación le perjudicará es el propio consumidor, que es quien puede saber y aceptar si puede o no afrontar la devolución o reintegración del total del préstamo, ya sea con dinero propio o solicitando otro préstamo más ventajoso a cualesquiera otra entidades.


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En este sentido se ha pronunció el Exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho Civil D. Francisco Javier Orduña Moreno, con ocasión de una situación similar para los casos del vencimiento anticipado, cuestionando que una decisión que adopte un Juez sin tener en cuenta al consumidor, podría ir en contra del Derecho Comunitario indicando:

 

<<En el marco de la Directiva 93/13/CEE, hay que tener en cuenta que «el interés o la decisión del consumidor» a la hora de determinar la aceptación de la integración realizada por el Juez nacional, en nuestro caso, la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria, resulta necesaria o determinante para la viabilidad de la protección dispensada por el juez nacional en beneficio exclusivo del consumidor.

La decisión del consumidor, es decir, su preferencia en aceptar o no los efectos derivados de la integración contractual realizada por el juez nacional, constituye en el marco de la Directiva un principio o línea roja que no puede ser obviada por el juez nacional. Tampoco hay que olvidar, por una parte, que la integración contractual que realiza el juez nacional se hace sólo en beneficio del consumidor, y nunca de la parte predisponente. Por la otra parte, conforme al principio de efectividad de la Directiva, art. 6.1, no hay que olvidar que el consumidor tiene el derecho (la opción) de preferir el efecto de la nulidad del contrato, según lo manifestado en el proceso; por lo que, además, "necesariamente" se le debe dar audiencia al respecto y su decisión es vinculante para el juez nacional.

Debe tenerse en cuenta que esta conclusión tiene una clara confirmación en la doctrina del TJUE. Para la sentencia de 30 de abril de 2014, sentencia nuclear en esta materia, la integración contractual que se permite, ante la nulidad del contrato de préstamo por la falta de transparencia en el funcionamiento de la conversión de la divisa extranjera, opera en la medida de que dicha nulidad provoca un efecto de restitución que pudiera resultar muy gravoso para el consumidor, pero siempre partiendo de esta coordenada, es decir, que el propio consumidor así lo estime y prefiera la subsistencia del contrato modificado y no su nulidad, a la que siempre tuvo derecho por el principio de efectividad de la directiva (la no vinculación a los efectos de la cláusula declarada abusiva).

También hay que tener en cuenta que el supuesto de la cuestión de dicha sentencia, elección entre la nulidad del contrato y la correspondiente restitución, o la continuidad del contrato bajo otro índice de referencia de variación del tipo de interés, no es semejante al aquí analizado, tal y como pretende hacer ver el Tribunal Supremo al plantear la elección entre el procedimiento de ejecución hipotecaria y el procedimiento de ejecución general, sino, más bien, por el contrario, la elección que realmente se plantea es entre seguir sujeto al procedimiento de ejecución hipotecaria u optar por su sobreseimiento por causa de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado. La cuestión, como se ve, cambia radicalmente si se observa desde esta perspectiva.


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Esta conclusión, además, ha salido reforzada a tenor de la sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2019 y de la Comunicación de la Comisión sobre las directrices de interpretación y aplicación de la Directiva 93/13/CEE de 27 de septiembre de 2019. En ambos textos (parágrafo 56 de la sentencia y apartado 4.3.2 de la Comunicación) queda claro que la decisión del consumidor resulta determinante en materia de nulidad del contrato y de la posterior integración contractual que pueda realizar el Juez nacional.>>

 

En tal sentido la sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2019, en el asunto C‑260/18 declaró en los puntos 2 y 3 de su fallo:

<<(....)   2) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, las consecuencias sobre la situación del consumidor provocadas por la anulación de un contrato en su totalidad, tal como se contemplan en la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), deben apreciarse a la luz de las circunstancias existentes o previsibles en el momento del litigio, y de que, por otra parte, a efectos de tal apreciación, la voluntad que el consumidor haya expresado a este respecto es determinante.

              3)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se puedan suplir las lagunas de un contrato, provocadas por la supresión de las cláusulas abusivas que figuran en este, sobre la única base de disposiciones nacionales de carácter general que dispongan que los efectos expresados en un acto jurídico son completados, en particular, por los efectos dimanantes del principio de equidad o de los usos, que no son disposiciones supletorias ni disposiciones aplicables en caso de acuerdo entre las partes del contrato.     (....) >>


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            En consecuencia, declarada la nulidad de la cláusula del IRPH, la voluntad del consumidor es determinante, y el consumidor lógicamente podrá y preferirá buscar la alternativa más favorable económicamente hablando, por lo que lógicamente en la mayoría de los casos optará por que DECLARADA LA NULIDAD, EL PRÉSTAMO SEA DEVUELTO SIN INTERESES, Y QUE SE LE REINTEGREN LOS QUE INDEBIDAMENTE PAGÓ EN VIRTUD DE LA CLÁUSULA DE IRPH DECLARADA NULA.



    Santiago J. Lorente Castillo

  www.lorentelexabogados.com